¿Deportación o negocio? Denuncian supuesto cobro de RD$30,000 para permitir el reingreso de una ciudadana haitiana a República Dominicana

Santo Domingo. Una denuncia recibida por este medio pone sobre la mesa una situación que genera preocupación y reabre el debate sobre los procesos migratorios en República Dominicana.

De acuerdo con el testimonio ofrecido, una ciudadana de nacionalidad haitiana fue detenida durante un operativo de la Dirección General de Migración por no contar con la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano. Posteriormente fue trasladada a Haití, conforme al procedimiento de deportación.

Sin embargo, la mujer asegura que, al intentar regresar a República Dominicana, donde permanecen sus hijos bajo el cuidado de una hermana, presuntamente le solicitaron el pago de RD$30,000 para permitir su retorno al país.

De confirmarse esta denuncia, el hecho representaría una práctica que debe ser investigada por las autoridades competentes. Si una persona no cumple con los requisitos establecidos por la ley para ingresar al país, corresponde aplicar la normativa migratoria de manera transparente y sin que existan cobros irregulares o beneficios particulares.

Este caso plantea interrogantes que merecen respuesta: ¿existe algún procedimiento oficial que contemple un pago de esta naturaleza? ¿Quién estaría recibiendo ese dinero? ¿Se trata de un acto aislado o de una práctica que se repite con otros migrantes?

La aplicación de la ley migratoria es una facultad legítima del Estado dominicano. No obstante, el cumplimiento de la legislación debe realizarse con apego a la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Cualquier persona que se aproveche de la vulnerabilidad de quienes atraviesan una difícil situación económica o familiar debe ser investigada y, de comprobarse irregularidades, sancionada conforme a la ley.

Este medio hace un llamado a las autoridades para que aclaren esta denuncia y, de ser necesario, inicien las investigaciones correspondientes a fin de garantizar que los procedimientos migratorios no sean utilizados para beneficio económico de terceros.