Una vez pasado el proceso electoral, el Gobierno cruza a una fase de adopción de propuestas entre las que se ha asegurado que sí o sí se debe aplicar una reforma fiscal pendiente en la República Dominicana, cuando la nación se maneja con un presupuesto deficitario y necesita más ingresos.
La reforma fiscal integral fue tema de debate durante la reciente campaña electoral. Faltando un mes para las elecciones, el presidente Luis Abinader dijo en un almuerzo empresarial que, en vez de hacerla en un área específica, se necesita más bien relanzar el país. Anunció que, de ganar las elecciones, “al otro día” llamará “a un gran acuerdo de unidad nacional”.
No obstante, 19 días antes de los comicios afirmó que la reforma fiscal es una tarea pendiente que se debe ejecutar, porque está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, una afirmación con la que coincidió el expresidente Leonel Fernández.
La necesidad de implementar dicha ley se plantea cuando el déficit fiscal del Sector Público No Financiero en el presupuesto nacional del 2024 -cuyo financiamiento se traduce en deuda pública- asciende a 229,247.9 millones de pesos, equivalentes al 3.1 % del producto interno bruto (PIB), superando el rango ideal del 1.5 al 2 %.
La última vez que en el país hubo un asomo de someter una reforma fiscal fue en el pandémico 2021, cuando Abinader tenía un año gobernando. Circulaban documentos legítimos con propuestas que desde el 2020 se analizaban a nivel interno de la administración del Estado.Al hacerse públicas, hubo oposición en la población. La crisis económica que se vivía por la pandemia del COVID-19 fue una de las causas por las que se engavetó.
Sin embargo, la economía dominicana camina por una senda de recuperación. Tras un 2023 en el que solo creció 2.4 %, las proyecciones para este 2024 son halagüeñas: se expandiría en torno a su potencial de 5 %, con una inflación dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %.
Propuestas de 2021 : marbete, refrescos e ISR de 25 a 35%
Entre las propuestas que circularon en el 2021 estaban variar el monto que se paga por el marbete vehicular, establecer un impuesto para las bebidas azucadaras y aumentar de 25 a 35 % el impuesto sobre la renta (ISR) para la escala salarial de mayor ingreso, es decir, con más de 867,123.01 pesos al año.
Además, eliminar la deducción del gasto educativo del ISR y quitar a los legisladores el privilegio de importar vehículos exonerados de impuestos.
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